Primera red de carga municipal en Inca: progreso con preguntas abiertas

Primera red de carga municipal en Inca: progreso con preguntas abiertas

Pregunta central: ¿Son 44 puntos de carga en 13 ubicaciones dentro de una concesión de diez años suficientes para arraigar la movilidad eléctrica en el centro de la isla de forma sostenible, o quedará todo fragmentado?

Por la mañana temprano en la Plaça de la Font Vella huele a café y a ensaimadas recién horneadas. Furgonetas de reparto pasan con su ruido, un equipo con camiseta trota hacia el Campo del Constància, y más tarde en el recinto ferial General Luque habrá actividad de nuevo. Precisamente allí, en la Carrer de Formentor, junto a la piscina, en la Avinguda de Rei Jaume I, en el complejo deportivo Mateu Cañellas, en la Plaça de Blanquer y en otros doce puntos se instalarán en las próximas semanas 44 puntos de carga. Seis postes antiguos serán reemplazados por cargadores rápidos más potentes; todas las estaciones tendrán conexiones dobles.

Esto es positivo: el centro de la isla obtiene una red visible, acceso por app e integración en el sistema MELIB. Pero quien mira con más detalle detecta lagunas. El ayuntamiento concedió una concesión de explotación de diez años; el operador paga anualmente 1.807 euros por punto de carga al municipio. Lo que a primera vista parece un ingreso plantea preguntas: ¿son esas tasas suficientes para un funcionamiento fiable y permanente, mantenimiento regular y ciclos de sustitución rápidos? ¿Cómo están reguladas las penalizaciones contractuales o los requisitos de servicio si las estaciones permanecen fuera de servicio durante meses?

Análisis crítico: una red de carga es más que postes y una app. Lo decisivo es la potencia de carga, la capacidad de conexión a la red, una clara transparencia de precios, datos en tiempo real para los usuarios y la priorización de residentes frente a flotas de alquiler a corto plazo. En la resolución hay una tensión: el alcalde Moreno ve a Inca como un lugar estratégico —no es incorrecto— pero las señales de que la oferta también se dirige a flotas empresariales y coches de alquiler sugieren que la captación de turistas y el comercio podrían estar en el foco. Sin cupos para residentes o tarifas específicas para residentes, existe el riesgo de que la mayoría de las recargas sean realizadas por vehículos procedentes de otras zonas o por coches de alquiler.

Lo que falta en el debate público hasta ahora: una mirada abierta al suministro eléctrico. ¿Qué pruebas de estabilidad ha superado la red municipal? ¿Hay planes para carga inteligente (gestión de carga), integración de fotovoltaica o baterías de almacenamiento para suavizar picos? ¿Y qué hay de la accesibilidad y de vías seguras para bicicletas y peatones hacia las estaciones, especialmente en lugares de gran uso como el recinto ferial o el polideportivo?

Una escena cotidiana para contextualizar: en una noche de diciembre una furgoneta de reparto aparca al borde de la Plaça de Blanquer, un residente mayor pasa con su andador y pregunta si la nueva estación estará libre por la mañana. Una joven que trabaja en un restaurante de la Carrer de Formentor no ve un espacio reservado para residentes cerca —teme que los coches de alquiler bloqueen las plazas. Problemas pequeños y recurrentes como estos decidirán si la infraestructura se adopta realmente.

Propuestas concretas: el ayuntamiento debería publicar estándares técnicos mínimos y KPI (por ejemplo, potencia mínima de carga, tiempos máximos de inactividad, plazos de respuesta para reparaciones). Parte de la tasa anual de la concesión podría destinarse a un fondo público gestionado para mantenimiento y actualizaciones. Regulaciones de prioridad para residentes, suscripciones con tarifas reducidas y plazas de carga reservadas de propiedad municipal evitarían el predominio de flotas de alquiler. También es recomendable: interfaces abiertas (por ejemplo OCPP/OCPI) para interoperabilidad, un panel público con datos de disponibilidad y un estudio obligatorio sobre la compatibilidad con la red que incluya opciones de fotovoltaica y almacenamiento.

Conclusión: Inca da un paso importante —una red municipal es necesaria y un signo visible de la transición climática local. Pero la planificación y la redacción de contratos deben ser rigurosas, de lo contrario la infraestructura, los costes de mantenimiento y las necesidades de los usuarios corren el riesgo de quedar desatendidos. El control municipal, la transparencia de datos, reservas para residentes y una verdadera conexión con el suministro energético local deberían ser los próximos puntos de la agenda antes de que las primeras estaciones enciendan sus luces de prueba.