Inicio de curso en las Baleares: familias afrontan de repente una factura de 850 euros

Mochilas, cuadernos, uniformes: por qué el inicio del curso en las Baleares se ha vuelto tan caro

El lunes por la mañana en la Plaça de Cort se mezclan las risas de los niños, el golpeo de las mochilas y el leve suspiro de los padres. La factura para el nuevo curso este año ha aumentado para muchas familias en las Baleares hasta alrededor de 850 euros por niño de primaria —un salto notable respecto al año anterior. Y mientras los niños se toman un helado o llegan al colegio en chanclas, los padres se dan cuenta: la mochila no es lo único que se ha encarecido.

¿A qué se debe el aumento de precios?

Detrás de las cifras hay varios factores. Los costes tradicionales como libros, cuadernos y material han subido —las editoriales sacan ediciones actualizadas y cuadernos de ejercicios adicionales, a menudo vinculados a tasas de licencia para contenidos digitales. La consecuencia: lo que antes era una compra única hoy se convierte en pagos recurrentes por aplicaciones, plataformas online o materiales didácticos protegidos digitalmente.

En colegios privados y concertados se suman otros conceptos: uniformes con el logotipo del centro, equipamiento deportivo obligatorio, en ocasiones excursiones obligatorias o recargos por actividades especiales. La tecnología moderna —tabletas, apps escolares, contribuciones por conectividad— también entra en la lista de compras obligatorias, en un marco con nuevas reglas y planes de estudio. Y no hay que olvidar los costes de transporte, la atención por las tardes o cursos complementarios, que pueden multiplicar rápidamente el importe.

En cifras: las familias en las islas pagan estimadamente entre un diez y un quince por ciento más que la media española. Esto se nota tanto en Palma como en Inca o Manacor —en el calor de septiembre, la conversación sobre precios se escucha en las terrazas, en grupos de WhatsApp y delante de los patios escolares; todo ello en un contexto económico más amplio donde el aumento de los alquileres añade presión a los hogares.

Aspectos que rara vez se tienen en cuenta

Algunos costes apenas se discuten. Los modelos de licencia para materiales digitales, que deben renovarse anualmente, son nuevos y difíciles de comparar. Igual de subestimadas están las expectativas ocultas sobre la implicación de los padres en proyectos escolares o la provisión de materiales para proyectos especiales. En barrios como Santa Catalina o en el Mercat de l’Olivar se perciben las consecuencias de forma práctica: los puestos de libros usados y los intercambios están en auge.

También influye la dinámica social: los centros con mayor presión social generan de forma indirecta obligaciones de consumo. Cuando los padres ven que otros compran mochilas de marca o nuevos juegos deportivos, aparece la necesidad de seguir la corriente —a pesar de presupuestos domésticos ajustados. Es un problema que va más allá de la simple comparación de precios.

¿Cómo reaccionan las familias en el lugar?

Las respuestas son prácticas y a veces improvisadas. En el Mercat de l’Olivar y en las plazas de Palma los padres organizan ventas de segunda mano, en los grupos de WhatsApp se comparten listas, y en Santa Catalina surgen intercambios de uniformes. Las escuelas abren almacenes de libros usados, las asociaciones de padres coordinan compras por volumen y los fondos sociales actúan en casos urgentes.

Aún así, muchas familias se enfrentan a decisiones: ¿ahorrar en extras, aplazar compras o buscar gangas? Algunos admiten que antes habrían comprado todo nuevo y ahora prefieren juntar o intercambiar —una respuesta pragmática al aumento de costes que, no obstante, no elimina todas las preocupaciones.

Soluciones concretas —a corto y largo plazo

A corto plazo ayuda una comunicación más clara: listas de material tempranas y transparentes por parte de los centros facilitan la comparación y las compras conjuntas. Los mercadillos locales, jornadas de intercambio en días concretos con buen tiempo (el clima templado mallorquín ayuda) y las compras coordinadas reducen los costes puntuales.

A nivel estructural se necesita más: normas vinculantes sobre adquisiciones obligatorias, subvenciones municipales para familias necesitadas y el fomento de materiales didácticos de segunda mano. Las escuelas podrían negociar centralmente las licencias de contenidos digitales en lugar de obligar a que cada padre firme contratos individuales. También podrían explorarse medidas de transporte, como autobús escolar gratuito para aprendices, para aliviar algunas cargas. Un pase para el inicio escolar o vales para familias con bajos ingresos serían otras herramientas que aliviarían de forma tangible la carga en Palma, Inca o Manacor.

La cuestión central sigue siendo

¿Cuánto debe costar la educación sin sobrecargar a las familias? La discusión en las mesas de café es seria: la educación debe facilitar el acceso, no crear nuevas barreras. En las islas, donde vecinos y vecinas se ayudan con rapidez, surgen muchas respuestas prácticas —intercambios, fondos sociales, compras colectivas—. Pero eso no basta. Hacen falta marcos políticos, ofertas transparentes por parte de los centros y el valor para cuestionar la presión consumista dentro de las comunidades escolares.

Cuando suene la campana en septiembre, debería marcar no solo el inicio de un nuevo curso, sino también la oportunidad de abordar la cuestión de los costes de forma más justa —para que la mochila deje de ser un indicador de desigualdad social.