Arriba de nuevo abiertas - pero no para todos: Las terrazas de La Seu bajo la lupa

Arriba de nuevo abiertas - pero no para todos: Las terrazas de La Seu bajo la lupa

La reapertura es buena para las vistas, pero ¿es suficiente?

A primeras horas de la tarde, cuando las campanas sobre la Plaça de la Seu tocan sus largos repiques y los turistas con cámaras se desplazan como pequeños enjambres bajo los arbotantes, la catedral vuelve a estar abierta, al menos parcialmente. Las terrazas de la cubierta están abiertas a visitantes hasta noviembre; las entradas se venden en línea en la página de la catedral o directamente en las taquillas. También se ha reabierto el Museo Marítimo bajo la catedral. Los grupos salen cada media hora y cada visita dura aproximadamente una hora.

Pregunta principal: ¿La decisión de reabrir las terrazas es realmente justa y segura para toda la ciudad, o se trata de una solución pensada sobre todo para gestionar los flujos de visitantes?

Los hechos son claros: la entrada general cuesta 25 euros e incluye acceso a la catedral, a las terrazas y al museo de arte sacro. Se puede contratar una audioguía en varios idiomas, entre ellos alemán. Para quienes residen en la diócesis de las Islas Baleares hay ventajas: acceso gratuito los viernes previa acreditación; otros días laborables y los sábados hay entradas reducidas por ocho euros si se adquieren en taquilla. Por motivos de seguridad el acceso está restringido: personas con enfermedades cardíacas o respiratorias, quienes sufren vértigo o con movilidad reducida quedan excluidos del recorrido; edad mínima nueve años. En otros monumentos de Palma también ha habido debate sobre precios, como en el Castillo de Bellver.

Análisis crítico: a primera vista parece una oferta bien pensada: cultura, vistas y audioguías. Pero al mirar con más atención surgen varias preguntas. Primero, la accesibilidad. La catedral es un monumento que forma parte de la identidad de Palma. Las prohibiciones de acceso para personas con movilidad reducida excluyen precisamente a quienes viven en la ciudad y más agradecerían un acceso sostenido. La alternativa, como ascensores especiales o rutas adaptadas, no está contemplada en la normativa actual.

En segundo lugar, la comunicación y la política de precios: 25 euros por una entrada combinada es aceptable para muchos visitantes, pero una carga para la población local, especialmente si el acceso gratuito los viernes exige trámites burocráticos y la tarifa reducida solo se aplica comprando en taquilla. Quienes trabajan a menudo no pueden venir el viernes al centro: desde la perspectiva de muchos, la norma resulta menos considerada que generosa.

Tercero, el argumento de seguridad: excluir a personas con enfermedades cardíacas o respiratorias y a quienes padecen vértigo es comprensible; la cuestión es si esa valoración se realiza de forma individual o se aplica de forma general. La ausencia de una posibilidad de obtención de un alta médica in situ o de una acompañante certificada crea un límite rígido donde podría existir flexibilidad.

Lo que falta en el debate público son conversaciones sobre accesibilidad a largo plazo, una desglose transparente de costes y la implicación del vecindario. La discusión hasta ahora se centra en la vista espectacular y en los números de visitantes. Apenas se escuchan las voces de la vida cotidiana: la vecina que a mediodía va al mercado y quiere ver la terraza una vez en la vida; el jubilado que no puede permitirse pagar 25 euros ni una ni dos veces; los niños que se columpian en la plaça y les gustaría ver desde arriba el repique de campanas. Además, las obras y reaperturas cercanas, como la de los jardines de la Misericòrdia, forman parte del contexto urbano que debería tenerse en cuenta.

Escena cotidiana en Palma: en una tarde ventosa de marzo, una mujer mayor se apoya en la fuente delante del portal, las bolsas de la compra crujen, el olor a café recién hecho se eleva desde un bar de la Carrer del Mirador. Mira hacia arriba, hacia la oscura silueta de la catedral, y dice: "Antes mi padre subía allí arriba a contar los barcos. Hoy solo podemos subir a veces, y ni siquiera todos". Esas voces se oyen en las calles laterales, no en los comunicados oficiales. Además, los cortes de tráfico alrededor de la Seu en fechas señaladas afectan a residentes y visitantes por igual, como recogen informaciones sobre los cortes extensos alrededor de la catedral.

Propuestas concretas: en primer lugar, la administración de la catedral debería, junto con el obispado y el ayuntamiento de Palma, elaborar un plan para lograr la accesibilidad gradual. No hace falta un elevador integral en todos los casos; a menudo bastan pequeñas intervenciones, una persona acompañante certificada para quienes tienen movilidad reducida o horarios especiales con menor afluencia. En segundo lugar: modelos de entradas flexibles para residentes. Un abono anual para quienes viven en la isla o un horario vespertino con descuento podrían ser eficaces. En tercer lugar: criterios de seguridad transparentes y la posibilidad médica o administrativa de revisar excepciones. En cuarto lugar: más diálogo con los vecinos: jornadas informativas en la plaça, una mesa redonda con asociaciones de barrio y representantes del turismo.

Medidas fáciles de implantar serían además: indicaciones visibles en las taquillas en varios idiomas, franjas horarias exclusivas para residentes de la isla y la posibilidad de acreditar online las tarifas reducidas, para que los trabajadores y los desplazados no queden en desventaja.

Conclusión: la reapertura de las terrazas es una buena noticia para Palma: la vista desde arriba sigue siendo una experiencia. Pero quien entiende la catedral como parte del patrimonio común de la ciudad debe pensar más allá: accesibilidad, precios justos y normas transparentes forman parte de la arquitectura sacra tanto como los arbotantes y las rosetas. Si la administración, la iglesia y el barrio colaboran ahora, La Seu puede no solo ser un imán turístico, sino volver a ser un lugar que pertenezca a toda la ciudad.