¿Quién podrá en adelante caminar por la Serra? La ley que enfrenta a senderistas y propietarios

¿Quién podrá en adelante caminar por la Serra? La ley que enfrenta a senderistas y propietarios

Pregunta guía: ¿De quién es el camino: del agricultor, del peatón o del legislador?

En una mañana clara de sábado en la Serra se oyen primero los motores en el aparcamiento cerca de Valldemossa, luego voces, ladridos de perros y el lejano graznido de una corneja. Grupos de senderistas se abren paso junto a vallas detrás de las cuales hay naranjales y antiguas casas de piedra. Es precisamente esta cercanía entre viviendas y rutas de senderismo lo que ha encendido el nuevo conflicto: un proyecto de ley recientemente presentado, conocido como Llei de la Serra, contiene pasajes que darían a los propietarios mayor margen para desviar caminos y permitir el acceso a sus parcelas solo con autorización escrita previa, eventualmente mediante el cobro de una tarifa.

Eso toca una fibra sensible. La Serra de Tramuntana es para muchos mallorquines y visitantes el lugar preferido para caminar, respirar y contemplar la naturaleza. El GR-221 y sus senderos secundarios son la columna vertebral de las rutas de la isla. Al mismo tiempo, solo alrededor del cinco por ciento de la Tramuntana está bajo gestión pública; el resto pertenece a particulares. De ello surge un conflicto permanente: en algunos casos los trazados históricos discurren por terrenos estrechos, los vecinos se sienten molestos y los paseantes se enfadan por las vallas nuevas.

Por un lado, las asociaciones ecologistas advierten de una erosión del acceso a los caminos. Estimaciones de grupos locales de conservación indican que decenas de trazados deberían ser públicos pero de hecho no son accesibles, como muestra el caso del tramo cerrado del GR-221 en Sóller. Para estas voces, el problema principal es que muchos municipios aún no han elaborado registros definitivos de caminos: una tarea trabajosa que con frecuencia acaba en largos litigios con los propietarios.

Por otro lado, representantes del montañismo organizado subrayan que los caminos públicos están protegidos por la ley vigente y que la nueva norma no debería anular los trazados públicos. También señalan que ya existen lugares donde el acceso a terrenos privados se permite solo con consentimiento —en algunos casos mediante pago. No obstante, también admiten que algunas formulaciones del borrador son poco claras, por ejemplo la disposición según la cual las personas que deban ser rescatadas por negligencia podrían tener que asumir costes. No queda claro quién determinaría esa negligencia: ¿el rescatador de turno en el lugar o un juez más adelante en el proceso?

Lo que queda poco presente en el debate público es la diversidad de situaciones sobre el terreno. Importa si un camino pasa junto a una casa habitada, si se trata de una explotación agrícola con tráfico de maquinaria o de una angosta vía centenaria entre dos pueblos. También forman parte del conflicto cuestiones sobre tenencia de perros, gestión de residuos y protección contra ruidos, que en el proyecto de ley apenas se tratan de forma tangencial.

Pasos concretos que podrían ayudar ahora:

1) Acelerar registros completos de caminos en los municipios: Revisar archivos, digitalizar mapas históricos y recoger trazados GPS inequívocos. Un catastro público y vinculante aclararía técnicamente muchos puntos de disputa.

2) Instrumento uniforme de autorización: Cuando afecte a terreno privado, debería existir un formulario estandarizado —con plazos claros, topes máximos de tasas y una plataforma online para gestionar las solicitudes.

3) Órganos de mediación y arbitraje: Oficinas locales de conciliación podrían resolver conflictos entre propietarios y usuarios más rápidamente que demandas que duren años.

4) Reglas transparentes para los costes de intervención: Los criterios sobre cuándo se deben asumir costes de rescate han de ser objetivos y prever un derecho de impugnación. Si no, existe el riesgo de arbitrariedad en cada caso.

5) Educación e información obligatoria: Señalización clara, normas de conducta para perros y campañas de sensibilización en lugares como Sóller o Pollença reducirían fricciones.

Al pasear por Deià se percibe casi físicamente el problema: una familia hace un picnic junto a un viejo muro, un senderista pisa con cuidado al borde del estrecho sendero, un vecino mira desde la ventana —y todos esperan reglas que sean claras y protejan a todos. Ese es el criterio práctico: las leyes deben facilitar el encuentro cotidiano sin cargar innecesariamente a las personas ni al paisaje.

Conclusión: La Llei de la Serra tiene el potencial de aclarar cuestiones largamente pendientes —siempre que aporte precisión y seguridad procesal. Si falta cualquiera de ambas, amenaza un mosaico de barreras, pasos de pago y pleitos. Política y asociaciones deben remar ahora en la misma dirección: datos de caminos vinculantes, procedimientos de autorización justos y reglas claras para intervenciones son más sencillos de implementar que pleitos interminables. Si no, los caminos entre naranjos y casas de piedra podrían dejar de estar algún día abiertos para todos. Más allá del debate normativo, también conviene recordar inversiones y obras en la red viaria de la Tramuntana, como la rehabilitación de Coll de Sóller y sa Calobra, que influyen en el uso y la accesibilidad de los accesos.