Camino libre — ¿pero por qué tan tarde? Sóller debe reabrir el tramo cerrado del GR-221

Camino libre — ¿pero por qué tan tarde? Sóller debe reabrir el tramo cerrado del GR-221

600 euros de multa, grandes interrogantes: ¿quién protege los caminos públicos en la Tramuntana?

Pregunta central: ¿cómo es posible que un sendero de uso público en la ruta principal GR-221 haya estado de facto cerrado desde 2009 —y que el municipio solo actúe tras ser obligado con una multa simbólica?

Los hechos son escuetos: en la finca Bàlitx d’enmig, cerca de Sóller, el propietario cerró hace años el paso y marcó una ruta alternativa. El sendero, considerado parte del GR-221, conecta Sóller y Fornalutx con Sa Costera y Tuent y es un elemento importante de la infraestructura cotidiana y de ocio tanto para residentes como para senderistas; también sirven de apoyo instalaciones como los refugios públicos en la Serra de Tramuntana. La Agencia de Defensa del Territorio (ADT) ha reprendido a la administración municipal y le ha impuesto una multa de 600 euros por no haber restablecido a tiempo el paso público.

Suena a multa pequeña para un gran problema —y ahí es donde entra el análisis crítico. Una sanción puntual cambia poco si la misma inacción persiste. ¿Quién asume la carga cuando un camino atraviesa terrenos privados? ¿Quién se ocupa de la señalización, el mantenimiento y las cuestiones de responsabilidad? Y sobre todo: ¿por qué se tardó tanto en encontrar una solución, hasta el punto de que organismos de protección ambiental presentaron denuncia hace cuatro años?

Desde la vida cotidiana: quien baja en una fría mañana de diciembre en la estación de Sóller oye primero el silbido del tranvía, percibe el fuerte aroma del café de la cafetería de enfrente y ve a senderistas con bastones dispersarse por las calles. Muchos planean su jornada por el GR-221 sin sospechar que tramos como el de Bàlitx d’enmig siguen siendo objeto de disputas legales. Pastores locales, vecinas mayores, excursionistas jóvenes: todos comparten el interés por caminos claros, pero rara vez pelean en los despachos administrativos para conseguir soluciones.

Lo que falta en el debate público es una mirada fría sobre las causas estructurales: la situación legal en Mallorca reconoce caminos públicos, pero su cartografía es históricamente fragmentaria. Muchos caminos públicos solo aparecen en mapas antiguos, no siempre digitalizados ni inscritos de forma clara en el Catastro. Eso dificulta que ayuntamientos y senderistas hagan valer sus derechos. Además, suele faltar un modelo financiero o administrativo que integre a los propietarios privados sin recurrir a la expropiación —el mantenimiento requiere tiempo y dinero; otras rutas de gran recorrido, como el Mallorca Este GR 226, también necesitan soluciones administrativas claras.

Puntos críticos que deben abordarse: primero, la administración no debe ver las multas como sustituto de una política activa de caminos. Segundo, hacen falta soluciones catastrales y cartográficas vinculantes: datos GPS accesibles públicamente reducirían los conflictos. Tercero, la comunicación y la mediación con los propietarios son esenciales —el aislamiento genera resentimiento, los modelos de cooperación crean soluciones.

Propuestas concretas, prácticas e inmediatas: el Ayuntamiento de Sóller debería notificar formalmente al propietario afectado y fijar un plazo para que se restablezca el paso. Paralelamente, puede establecerse una autorización administrativa temporal de acceso hasta lograr un acuerdo definitivo. Medidas de corto plazo útiles: señalización clara de la ruta oficial, asegurar tramos resbaladizos con trabajos tradicionales de piedra seca y una pequeña subvención de "arrendamiento de caminos" para propietarios que asuman labores de conservación.

A medio plazo se necesita un registro público de todos los caminos públicos de la isla, vinculado a mapas y coordenadas —accesible en línea y en los ayuntamientos. Un fondo regional para el mantenimiento de senderos, financiado con tasas turísticas o fondos insulares, podría aliviar a los propietarios y hacer más atractivas las concesiones voluntarias de uso. Finalmente: mediación en lugar de escalada. Un mediador neutral puede coordinar soluciones técnicas, cuestiones de responsabilidad y posibles compensaciones.

Quien ahora pasea con la correa de su perro por la plaza de Sóller o explora las montañas en invierno tiene un interés pragmático en caminos claros: seguridad, orientación y respeto por la propiedad no son incompatibles. Pero hace falta más coraje en los ayuntamientos, transparencia digital y una oferta realista para los propietarios, en lugar de meses de desgaste burocrático.

Conclusión contundente: que la ADT reprenda al municipio con 600 euros no es un escándalo —es una llamada de atención. Los caminos públicos no son un proyecto nostálgico, sino parte de la infraestructura de una isla que vive del senderismo. Sóller y la administración insular deben demostrar ahora que no solo registran caminos en los mapas, sino que también los mantienen libres y accesibles.