¿Se privatiza la playa? Camas de 210 euros en Formentor generan polémica

Demasiado caro, demasiado exclusivo: una mañana en Formentor que plantea preguntas

El pasado sábado, poco después de las diez, en el mirador de Formentor ya había bastante movimiento. Los coches chirriaban en el pequeño aparcamiento, las gaviotas graznaban sobre el mar y desde la carretera se oía el zumbido de un autobús turístico. Y luego esa escena: empleados con camisas impecables junto a camas de playa balinesas con cortinas, ambiente de champán en lugar de bañadores. “210 euros por el día”, dijo sin rodeos uno de los empleados del hotel. Algunos se rieron, otros miraron apenados — y desde entonces se preguntan, como recoge 160 euros por dos tumbonas: disputa por el acceso a la playa de Formentor: ¿para quién sigue siendo esta playa?

El marco legal: espacio público vs ofertas de lujo

La administración costera tiene directrices claras: en las playas públicas existen límites máximos para tumbonas según la Ley de Costas (BOE). En la práctica, sin embargo, aparecen ofertas que superan claramente esos límites. Dos tumbonas con sombrilla, según las indicaciones, estaban anunciadas aquí por casi 158 euros — mientras que el máximo reglamentario para tales combinaciones está muy por debajo. Esas etiquetas de precio actúan como un sello que dice: el acceso está permitido, pero disfrutar cuesta extra.

Las autoridades están implicadas. La inspección costera y el municipio están comprobando actualmente si se han vulnerado permisos, si el dominio público de la playa se ha transformado de facto en áreas privadas de lujo o si simplemente se publicaron precios incorrectos, como documentan las investigaciones contra un hotel sobre el uso de la playa. En el peor de los casos, se enfrentan multas y a la retirada de las ofertas; un ejemplo fue cuando Four Seasons Formentor eliminó indicios de playa privada.

Más que una etiqueta de precio: las consecuencias para residentes y visitantes

Quien pide por la mañana en el quiosco un café con leche por 2,50 euros y ve al lado una cama de playa por 210 euros entiende rápidamente que aquí no solo se cruzan presupuestos distintos. Los vecinos cuentan que en los últimos años aparecen cada vez más extras: tumbonas con cortinas, islas de servicio, atención privada junto al mar. Es un modelo de negocio que en temporada alta genera mucho dinero. Pero también afecta al núcleo de lo que convierte a un tramo de costa en un bien público: accesibilidad, libertad de movimiento y la posibilidad de usar la playa de forma espontánea.

Otro punto que se discute poco es la aplicabilidad práctica de las normas. En Mallorca, en temporada alta, las capacidades de los servicios de control están al límite. La Demarcación de Costas, el municipio y la policía se reparten las tareas, pero las inspecciones requieren personal, tiempo y a menudo precisión jurídica — por ejemplo a la hora de delimitar qué áreas son realmente públicas y dónde aplican las ofertas privadas de alquiler.

Lo que falta en el debate público

A menudo la discusión se concentra en el precio como un problema moral. Pero las cuestiones estructurales son al menos igual de importantes: ¿quién concede los permisos? ¿qué tan transparentes son? ¿se flexibilizan las normas temporalmente para eventos? Y no menos importante: ¿qué incentivos económicos creamos si los proveedores privados pueden aprovecharse del dominio público?

Un aspecto adicional, a menudo pasado por alto, es el efecto social. Las playas son puntos de encuentro: familias, personas mayores, jóvenes y trabajadores de la isla. Si las islas de lujo dominan la imagen, el uso social se desplaza. Las personas con presupuestos más ajustados se retiran, los desplazamientos se alargan y los picnics espontáneos son menos frecuentes. Eso cambia la vida cotidiana en la costa — de forma sutil, silenciosa y a menudo irreversible.

Soluciones concretas – pragmáticas y ancladas localmente

Hay vías para restablecer el equilibrio. Algunas medidas posibles:

Transparencia y señalización: Carteles de precios claros y una lista pública de todos los operadores autorizados en la playa de Formentor. Códigos QR en las entradas podrían ofrecer información inmediata sobre las ofertas permitidas.

Mejores controles: Más inspecciones en temporada alta, patrullas coordinadas de la inspección costera y el municipio, así como una línea directa para reclamaciones de los residentes.

Normas sobre la delimitación de espacios: Marcaciones claras que separen las zonas privadas de alquiler de la playa pública; tamaño máximo para las áreas privadas y obligación de mantener los accesos libres.

Sanciones escalonadas: No solo multas, sino también retiradas temporales de permisos en caso de infracciones repetidas — eso fomenta la responsabilidad más que el mero papeleo.

Proyectos piloto: En lugar de prohibiciones generales, el municipio y la administración costera podrían designar zonas donde se permitan áreas de servicio de pago — vinculadas a tasas sobre la facturación o contribuciones a la comunidad local.

Un llamamiento a la proporcionalidad y al sentido común

La revisión actual en Formentor es más que una formalidad burocrática. Es una prueba: ¿queremos que nuestras costas pronto solo sirvan de escenario para ofertas exclusivas — o que sigan siendo lugares a los que la familia vecina de Port de Pollença aún pueda acudir de forma espontánea? Un poco de pragmatismo ayuda: el comercio y el turismo son importantes para la isla, pero no a costa de que el espacio público se convierta en un producto de lujo.

Quien viaje próximamente a Formentor debería llevar dos cosas: protección solar y una sana desconfianza ante ofertas demasiado bonitas. Y las autoridades deberían aprovechar la ocasión para dar señales claras — por precios transparentes, espacios regulados y una playa que siga siendo para todos.