¿Quién decide sobre el mar? Conflicto por el alquiler privado de embarcaciones se intensifica

¿Quién decide sobre el mar? Conflicto por el alquiler privado de embarcaciones se intensifica

Pregunta central: ¿Quién puede decidir cómo se usa el espacio marítimo público alrededor de Mallorca — Madrid, el gobierno balear o las autoridades portuarias locales?

Desde principios de año rige a nivel estatal una nueva ley que permite a los propietarios privados alquilar sus embarcaciones de recreo con fines turísticos hasta tres meses al año. Al mismo tiempo, la autoridad estatal de navegación ha endurecido las normas para los títulos de patrón: las embarcaciones a motor pequeñas que antes podían alquilarse sin acreditación necesitarán en adelante un certificado de aptitud. El gobierno balear se opone: ha aprobado su propio decreto que regula fuertemente el alquiler privado e incluso lo prohíbe en parte. Madrid considera que se trata de una intromisión en competencias del Estado y ha presentado una demanda, como analizan diversos reportes sobre alquileres vacacionales flotantes en Mallorca.

Jurídicamente la situación es confusa. Puertos y amarres no dependen de forma uniforme de la administración balear; muchas instalaciones están bajo gestión estatal o concesiones privadas. Las autorizaciones de chárter se conceden de manera centralizada. Esto genera una clásica competencia de competencias: quién rechaza una licencia, quién impone sanciones, quién retira amarres — todo ello puede decidirse en distintos ámbitos, y en la práctica aparecen problemas vinculados al alquiler sin licencia que han sido documentados en reportes sobre problemas por el alquiler de embarcaciones sin licencia.

A corto plazo el conflicto afecta a más que textos legales. En el Passeig Marítim se ven por las mañanas pescadores que remiendan redes junto a vecinos que pasean a sus perros. Rugen motores, un hostelero sirve café, y en las marinas los barcos giran como si formaran parte de una cadena de burocracias. Estas escenas cotidianas muestran que no se trata solo de dos párrafos de ley: hay ruido, seguridad y el acceso al mar para la población local en juego.

Análisis crítico

La principal debilidad es la transparencia: casi no hay cifras fiables sobre cuántas embarcaciones privadas se alquilarían a corto plazo, dónde están amarradas, con qué frecuencia salen a la mar y cómo afecta eso a calas sensibles. Sin estos datos no se puede evaluar con precisión ni el riesgo para la seguridad ni la presión ecológica; así lo reflejan investigaciones sobre barcos ebrios y calas dañadas. Al mismo tiempo entran en juego intereses económicos: los operadores profesionales advierten de competencia desleal, las plataformas ven un nuevo segmento de mercado y los gestores de puertos temen sobrecarga.

En lo jurídico, el concepto de competencia es el corazón del conflicto. El gobierno central puede alegar que la navegación, la ordenación portuaria y las autorizaciones son parte de su competencia. Las Baleares se apoyan en sus responsabilidades locales — orden público, protección de la costa y la regulación de actividades turísticas dentro de su territorio. Mientras los tribunales no resuelvan, queda un vacío legal: las administraciones pueden promulgar reglas en paralelo, los operadores quedan desorientados y armadores y usuarios quedan en la incertidumbre.

Qué falta en el discurso público

1) Un inventario basado en hechos: número de embarcaciones privadas, estacionalidad, demanda real por parte de los visitantes. 2) Reglas claras de responsabilidad: ¿quién responde en caso de accidentes, daños ambientales o fondeos ilegales? 3) Capacidad de marinas y amarres: ¿qué parte depende de quién — ciudad, isla o Estado? 4) Datos de protección ambiental: impacto sobre praderas de posidonia y zonas de fondeo. Estas cuestiones casi no aparecen en el debate, pero serán decisivas.

Propuestas concretas

- Marco temporal piloto: un año de fase piloto con registro obligatorio de todas las embarcaciones privadas alquiladas en un registro público, vinculado al uso de AIS o transpondedores de radio en zonas sensibles.

- Permisos escalonados: alquiler privado a corto plazo solo con una comprobación básica de seguridad y seguro; alquileres más extensos exigirían certificación profesional y acuerdos de gestión con los puertos.

- Zonas delimitadas: áreas claramente definidas para el alquiler turístico, zonas protegidas para el medio ambiente y la tranquilidad, puntos separados de embarque y desembarque, como propone el decreto balear — pero coordinado con las autoridades portuarias.

- Tarifas transparentes y control de capacidad: diseñar la política de amarres para que no premie la especulación; el alquiler temporal no debe ser un método para eludir a las empresas de chárter regulares.

- Aplicación conjunta: administraciones autonómicas y estatales junto con los gestores portuarios locales deben crear una oficina de control conjunta que coordine multas, inspecciones e intercambio de información.

Escena cotidiana

Un sábado por la tarde en Portixol: padres lanzan un trozo de pan a sus hijos, una isla hinchable queda abandonada en el agua y una embarcación deportiva con turistas da dos vueltas antes de regresar. La imagen parece inofensiva — para los residentes significa más ruido, menos sitio en los muelles y mayor presión sobre gasolineras y servicios sanitarios. Son estos pequeños indicios los que la política debe gestionar; en casos concretos la tensión ha llegado a provocar el enfado por lanchas a motor en Es Carbó, que reclama controles más estrictos.

Conclusión: el conflicto es más que una disputa de competencias. Se trata de cómo se administra el espacio público, quién se beneficia y cómo se protege la seguridad y el medio ambiente. Un proceso judicial puede aclarar las competencias formales. En la práctica, la isla necesita reglas pragmáticas basadas en datos que equilibren la protección local, las exigencias de seguridad y el uso económico. De lo contrario, se corre el riesgo de saturar el mar o de restringir injustificadamente los intereses legítimos de propietarios de embarcaciones y del pequeño turismo.

En resumen: los jueces pueden decidir quién tiene la razón. Decidir cómo queremos vivir en la costa deben hacerlo las personas que viven aquí — con cifras, planificación zonal y reglas claras y aplicables.