¿Quién escribe la historia? Parlamento de las Baleares anula la Ley de Memoria — un reality check

¿Quién escribe la historia? Parlamento de las Baleares anula la Ley de Memoria — un reality check

Una pregunta guía: ¿Se convertirá la memoria en una cerilla política o en un muro de protección para las víctimas?

El martes, el parlamento regional en Palma votó a favor de derogar la Ley de Memoria Democrática introducida en 2018. La mayoría la formaron diputados del PP y de Vox; las bancadas de izquierda y la voz de Formentera votaron en contra. Los hechos son sencillos, pero el debate no lo es: ¿qué se pierde exactamente cuando desaparece una ley pensada para recordar a las víctimas de la dictadura de Franco y de la Guerra Civil?

Esto no es sólo política parlamentaria. Frente al edificio en Palma, mientras se celebraba la sesión, había unas 200 personas con pancartas y voces emocionadas. El tranvía dejó escapar un pitido metálico, una gaviota gritó, en algún lugar sonaron las campanas de la catedral: sonidos cotidianos de una ciudad que, a la vez, es testigo de una reconfiguración política.

Breve cronología: la Ley de Memoria llegó en 2018 bajo un gobierno de izquierdas. Un primer intento de derogarla fracasó ya en diciembre de 2024, cuando el partido conservador cambió su voto. El éxito actual forma parte de un acuerdo de gobierno entre PP y Vox, que ya figuraba en sus puntos programáticos y en el pacto presupuestario.

¿Qué significa esto en concreto? Jurídicamente permanece la normativa estatal sobre memoria y enterramientos de víctimas, así como las regulaciones sobre fosas comunes, a las que aluden los defensores de la derogación. Pero simbólicamente cambia otra cosa: la prioridad pública con la que una región nombra y visibiliza su pasado reciente. Las leyes de memoria raramente son párrafos aislados. Son el marco para lugares de recuerdo, subvenciones para archivos, proyectos escolares y ayudas para familiares.

El debate en el parlamento fue acalorado. Los que se oponen a la supresión hablan de un retroceso; los partidarios califican la ley de parcial y justifican la derogación como una corrección de la narrativa pública. Ambas posturas contienen parte de la verdad.

Análisis crítico: la votación revela menos una disputa puramente jurídica que un juego de poder sobre la hegemonía interpretativa pública. Cuando la política de la memoria cambia, no se trata sólo de palabras en un texto legal, sino de recursos, de espacios —físicos y simbólicos. Escuelas, museos y archivos necesitan seguridad en la planificación; las familias necesitan apoyo para exhumaciones e identificaciones. Sin anclaje legal, estas demandas se reducen con rapidez. El riesgo: la memoria se convierte en un privilegio caprichoso de quienes gobiernan en cada momento.

Lo que falta en el discurso público son las voces de los directamente afectados. Familiares, historiadores locales, pequeñas iniciativas que llevan años documentando fosas o recopilando entrevistas en pueblos —aparecen rara vez como protagonistas en los titulares. Tampoco se discute de forma concreta la financiación. ¿Quién pagará las exhumaciones, el trabajo de archivo o los programas educativos si desaparece el marco regional? El debate se estanca en lo simbólico y las cuestiones prácticas quedan sin respuesta.

Una escena cotidiana: en la plaza frente al parlamento, una mujer mayor, con voz temblorosa, habla de un tío abuelo que desapareció después de 1936. Un joven maestro reparte panfletos para que su clase el próximo curso visite lugares de memoria histórica. Estas necesidades personales están detrás de las consignas, pero rara vez se encuentran en los acuerdos formales de coalición.

Propuestas concretas, sin entrar en luchas ideológicas: 1) Un órgano independiente de memoria histórica con mayoría de sociedad civil que planifique y adjudique proyectos a largo plazo. 2) Planes de financiación vinculantes para exhumaciones, archivos y educación, asegurados a nivel presupuestario. 3) Consultas obligatorias con las familias de las víctimas, para que las medidas no se decidan a puerta cerrada. 4) Fortalecer las iniciativas municipales, por ejemplo mediante subvenciones a proyectos locales de memoria. 5) Documentación transparente de todos los acuerdos y lugares de recuerdo en una base de datos de acceso público.

No basta con discutir si una ley fue buena o mala. La política tendría que explicar cómo absorbe las consecuencias concretas. Si no, la memoria será errática y voluble —una sucesión de decisiones políticas que desgarran familias y desconciertan a las escuelas.

Conclusión contundente: la derogación de la Ley de Memoria es más que una casilla política en una legislatura. Pone a prueba cuán robusta es realmente la memoria colectiva en Mallorca y en las Baleares. Si se institucionaliza, será fiable. Si se politiza, corre el riesgo de desvanecerse. Quien gane esto no sólo gana votos, sino la autoridad interpretativa sobre el dolor y el testimonio. Y eso es mucho en juego para una isla que también marca su ritmo al preservar sus historias.