«Una verdadera catástrofe» – ¿Quién protege Raixa de sus propios restauradores?

«Una verdadera catástrofe» – ¿Quién protege Raixa de sus propios restauradores?

Pregunta guía: ¿Para quién se restaura una finca histórica: para la administración, para los visitantes o para lo que fue en su origen?

Si en una mañana templada se sube por la pequeña carretera serpenteante hacia Bunyola y la Tramuntana aún está envuelta en sombras azul-grisáceas, se ve la finca Raixa desde lejos. Antes, filas de cipreses anunciaban el estilo de la propiedad; hoy la mirada cae sobre parterres extensos y superficies claras, con plantaciones sobrias. Para algunos ojos: un monumento ordenado. Para otros: una pérdida de identidad.

La crítica no surge de la nada: miembros de la familia que poseyó el inmueble hasta 2002 y el arquitecto Bernardo Oliver Jaume acusan a los responsables de graves errores. No se trata solo de unos cuantos árboles. Está en juego una lectura histórica: la cuestión de si la finca debía conservarse como una villa de clara impronta italiana o transformarse en un proyecto de jardín público rediseñado y de bajo mantenimiento.

Análisis crítico: ¿Qué ha ocurrido? De los hechos relatados se puede leer un patrón. Los responsables aparentemente intervinieron con un concepto moderno y simplificador: menos esfuerzo, menores costes de mantenimiento, mejor flujo de visitantes. El resultado: elementos característicos como los cipreses desaparecieron, las logias y los ejes se reinterpretaron, y los trabajos de detalle en ocasiones parecieron arbitrarios. Además hay informes sobre procesos poco claros en contrataciones y trabajos artesanales: desde la desaparición de puertas antiguas hasta la anécdota del burro que transportó tejas. Situaciones de conflicto en la isla, como el salto a la violencia en Alaró ya no está del todo segura: el juicio en Palma pone en el centro la protección de las personas mayores, ilustran la polarización social. Esto no es un error aislado; es un síntoma de una gestión deficiente del proyecto.

Lo que falta en el debate público: por lo general se habla de costes e inauguraciones, rara vez de principios conservacionistas, de los costes de mantenimiento a largo plazo o de la participación de los descendientes y vecinos. Falta una documentación clara de las decisiones: ¿Quién aprobó las listas de plantas? ¿Qué peritajes respaldaron el proyecto? ¿Por qué se eliminaron alineaciones arbóreas tradicionales como los cipreses: por una decisión estética o por razones puramente prácticas? Casos recientes, como Ocupado y desmoronándose: el fuerte de Illetes entre la protección del patrimonio y los derechos humanos, muestran conflictos relacionados con la gestión del patrimonio.

Una escena cotidiana en Mallorca: el domingo por la mañana la gente del lugar está sentada en el café de la plaza de Bunyola, se oye el tintinear de las tazas y discuten en voz baja sobre Raixa. Algunos traen recuerdos de picnics infantiles: la sombra de los cipreses, bancos de piedra, el aroma del romero. Otros ven el lugar renovado como una oportunidad: menos trabajo para la administración, nuevos grupos de visitantes, eventos. Estas tensiones reflejan el verdadero conflicto: conservación del patrimonio frente a la optimización del uso. No son hechos aislados en la isla, como recoge Valldemossa: Violencia en un intento de ocupación — ¿Quién protege las casas del pueblo?.

Propuestas concretas, no un aura de peritaje sino pasos practicables: 1) Inventario inmediato e independiente del estado de la estructura y de las comunidades vegetales por un comité abierto formado por historiadores de la arquitectura, botánicos y agricultores locales, en consonancia con la Carta de Venecia (ICOMOS); 2) Recuperación de un eje de plantación sostenible: allí donde sea posible replantar cipreses u otros elementos equivalentes que definan vistas y espacios, y documentarlo; 3) Acceso abierto a expedientes: publicar todos los contratos, peritajes y planes de mantenimiento online; 4) Un plan de restauración a cinco años que detalle los pasos, costes y responsables; 5) Monitoreo local con representantes vecinales y acompañamiento técnico, para que decisiones pequeñas no vuelvan a causar una gran pérdida de identidad; 6) Obligación de acreditar oficios: puertas históricas, trabajos en piedra y técnicas tradicionales deben inventariarse y, cuando sea posible, conservarse en lugar de sustituirse.

Es especialmente importante revisar las prácticas de adjudicación: cuando fluye dinero público, la selección de empresas y proyectistas debe ser transparente, basada en criterios técnicos y comprensible para la sociedad civil, según la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español (BOE). El caso del burro que llevó tejas es más que una anécdota: es una señal de alarma sobre la falta de coordinación in situ.

Conclusión contundente: Raixa no es un mero objeto administrativo, sino parte de una memoria colectiva. Si en las restauraciones se decide de manera que los principios de diseño de origen histórico se eliminan sin más, no solo perdemos plantas, perdemos historias. Sería trágico que la protección frente a especuladores acabase por despojar al patrimonio de su identidad. La solución no es derribar todo lo hecho. La solución es transparencia, criterio técnico y la disposición a tomar en serio las voces locales, antes de que de una supuesta salvación resulte una tala cultural.