Cuando la Guardia Civil se retira: ¿Puede Mallorca permitirse la brecha de seguridad?

Cuando la Guardia Civil se retira: ¿Puede Mallorca permitirse la brecha de seguridad?

Pregunta central: ¿Cuánto riesgo supone que la salida de cientos de agentes de la Guardia Civil afecte la seguridad pública en las Baleares?

Las cifras son simples e incómodas: tras la última ronda de traslados hay en las Baleares, según el sindicato JUCIL, 70 agentes de la Guardia Civil menos en servicio. 85 fueron destinados al continente, 15 llegaron nuevos —de los cuales cinco con una asignación obligatoria por un año—. Y la amenaza no es solo teórica: hasta 450 agentes más podrían marcharse a partir de marzo; en algunas estimaciones incluso se nombran hasta 400 que podrían solicitar un traslado en cuanto caduque su estancia mínima, y episodios como la fuga de un preso en Llucmajor ponen de manifiesto fallos operativos que no ayudan a la percepción de seguridad.

El problema no es nuevo: el alto coste de la vida, la escasez de vivienda asequible y la falta de atractivo del destino de servicio son temas de conversación de fin de semana en las callejuelas entre el Passeig Mallorca y el puerto. El sindicato reclama por ello un complemento insular mucho mayor —y critica que la normativa actual solo suponga una aparente equiparación con Canarias, ya que faltan, por ejemplo, complementos por tramos de antigüedad—; situaciones laborales tensas en otros servicios, como la huelga indefinida de socorristas en Mallorca, ilustran la presión sobre recursos humanos en la isla.

Análisis crítico: la situación es menos un shock repentino que un fallo acumulado durante años. La política insular ha hablado repetidamente de la escasez de personal, pero faltan incentivos sistemáticos, decisiones administrativas y planes de transición a corto plazo. Por otro lado, Madrid parece tratar a las Baleares de forma distinta en materia de dimensionamiento de personal y complementos, lo que alimenta el descontento.

Lo que falta en el debate público son cifras concretas que hagan el problema tangible. ¿Cuántas patrullas faltan por la noche en los puntos turísticos? ¿Qué servicios se reducen por comisiones a la Guardia Costera o a la unidad de tráfico? Y: ¿qué medidas concretas y con qué calendarios planea el gobierno central? ¿Cuántos incidentes están relacionados con más de 350 conductores sin permiso que aumentan la carga sobre las patrullas? Estas preguntas suelen quedar sepultadas por los titulares, pero son clave para la ciudadanía.

Una escena conocida por muchos mallorquines: a primera hora en la Plaza Mayor, las dueñas de cafeterías recogen las sillas, los taxistas cambian turno y dos agentes de la Guardia Civil pasean por las ramblas —la imagen transmite seguridad. Si las parejas de patrulla son menos frecuentes, esa sensación cambia; no solo en Palma: en pueblos como Cala Ratjada o Port de Sóller la presencia es palpable, y medidas puntuales como el refuerzo con 170 nuevos policías para la Playa de Palma generan debate sobre eficacia y reparto de recursos.

Medidas concretas que tendrían un efecto inmediato:

1) A corto plazo: refuerzo temporal mediante comisiones por tiempo limitado desde provincias menos cargadas, junto con apoyo inmediato para alojamiento. Un complemento urgente para gastos de vivienda podría frenar salidas hasta que existan soluciones permanentes.

2) A medio plazo: implantación de un verdadero complemento insular que incluya tramos por antigüedad y ayudas familiares. Además: programas acelerados de construcción de vivienda para los cuerpos, opciones municipales de suelo y garantías de alquiler por parte del gobierno de las Baleares.

3) Estratégico: planificación conjunta de personal entre Guardia Civil, Policía Local y el gobierno balear. Ampliación de la cooperación con unidades policiales nacionales, tecnología moderna para vigilancia y planificación de intervenciones —como muestran operativos recientes, por ejemplo la macroredada en Palma y la península—, y un modelo de rotación obligatorio que alivie los puntos de mayor carga.

Importante: las medidas deben evaluarse según su coste real. Un complemento generoso es caro, pero para una sociedad insular con un alto potencial en orden público es una inversión en turismo, vida cotidiana y confianza.

La política local puede hacer más que reclamar: los municipios podrían acelerar la dedicación de suelo para vivienda de agentes, alquilar temporalmente hoteles o apartamentos como alojamientos para el personal y ofrecer incentivos fiscales. Por su parte, Madrid debe explicar con transparencia qué opciones se están estudiando. El silencio o las promesas vagas solo aumentan la disposición a hacer las maletas.

Conclusión contundente: si Madrid sigue tratando a las Baleares como una nota al pie en asuntos de personal, se corre el riesgo de una brecha apreciable en la seguridad de las islas. No es un problema puramente burocrático, sino algo que se verá en plazas, paseos y heladerías. Existen soluciones a corto plazo prácticas —pero sin un modelo insular coherente con incentivos financieros reales, la respuesta seguirá siendo parcheada. Quien recorta ahora pagará después con menos policías en la calle y una peor sensación de seguridad para residentes y visitantes por igual.