Alquileres en las Baleares: ¿Quién paga la cuenta por +8,5%?

Alquileres en las Baleares: ¿Quién paga la cuenta por +8,5%?

Vivir se encarece notablemente — y no todos se benefician

Las cifras son claras: en 2025 el alquiler medio en las Baleares subió un 8,5% hasta 19,1 euros por metro cuadrado. Ese incremento se contextualiza en informes como Baleares: los precios por metro cuadrado suben con fuerza — segundo nivel más alto de España. En Palma se registró un incremento del 6,4%; el alquiler medio allí es ahora de 18,3 €/m². En Ibiza los ascensos son todavía más llamativos: Sant Josep de sa Talaia comunica un +18,2%, Sant Antoni de Portmany un 17,9%. Estos datos dicen menos sobre viviendas individuales y más sobre una tendencia que se percibe en la vida cotidiana.

Pregunta clave: ¿Hasta cuándo será sostenible el modelo de "isla como destino de vacaciones e inversión" para la población local — y qué medidas aliviarían realmente la presión sobre los alquileres? Además, el análisis Baleares: los alquileres suben en 2026 de media 400 € — ¿quién paga la cuenta? destaca el posible impacto económico sobre los hogares.

Análisis crítico: Los aumentos no son fruto del azar. En las Baleares confluyen superficies limitadas, una fuerte demanda turística y un mercado próspero de alquileres de corta duración con una economía local basada en empleos estacionales y sueldos moderados. Cuando las viviendas son más atractivas como inversión o como segunda residencia vacacional que como residencia habitual, la oferta se desplaza hacia alquileres cortos. Al mismo tiempo, las nuevas construcciones se planifican a menudo pensando en la rentabilidad; la vivienda social se queda detrás de la demanda. La interacción entre demanda, oferta y grado de regulación genera una presión al alza sobre los precios, especialmente visible en lugares populares como las ciudades de Ibiza.

Algo que suele quedar fuera del debate público es la sutil diferenciación dentro de las islas. Un valor medio de 19,1 €/m² oculta que hay barrios, años de construcción y tipos de vivienda que están muy por encima o mucho por debajo de esa cifra. También importa la perspectiva de los hogares: para una familia de bajos ingresos el mismo precio por metro cuadrado tiene un impacto existencial distinto al de un trabajador que viaja al continente con contrato estable. Del mismo modo, el papel de las segundas residencias vacías y la tasa real de conversión de alquileres de larga duración a corta estancia suelen estar poco atendidos en los debates. Los datos oficiales del INE ponen de manifiesto esas desigualdades territoriales.

Una escena cotidiana: por la mañana en el Mercat de l'Olivar en Palma. Entre puestos de fruta y olor a café se percibe el mismo ritmo que en muchos bloques residenciales: furgonetas de reparto aparcan, un portero arregla una barandilla, una joven entra en un piso antiguo con su bebé y un balcón estrecho. Muchos vecinos trabajan en la hostelería o en el turismo; sus salarios dependen de la temporada, pero los costes de la vivienda suben de todas formas. Para ellos la subida del alquiler no es una estadística abstracta, sino una decisión entre más tiempo de desplazamiento, vivir en pisos más pequeños o marcharse al continente.

Propuestas concretas, sin recetas mágicas: primero, aumentar y rehabilitar el parque de vivienda municipal. Los ayuntamientos pueden identificar suelo, promover vivienda social y contar con socios públicos, apoyándose en pautas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana - vivienda. Segundo, registrar más y penalizar el desuso de segundas viviendas: una fiscalidad más alta por vacancia prolongada aumentaría la oferta de alquiler en el mercado local. Tercero, incentivar fiscalmente los contratos de larga duración frente a los alquileres vacacionales, por ejemplo mediante reducciones de tributos o procedimientos administrativos simplificados para propietarios que alquilen de forma estable a residentes. Cuarto, registros locales de alquiler y mayor transparencia en las ofertas: una base de datos fiable ayuda a ciudades como Palma o municipios de Ibiza a planificar medidas específicas. Quinto, programas de vivienda para trabajadores en los centros turísticos: hoteles, resorts y grandes empleadores podrían invertir en proyectos de vivienda municipal para reducir la presión del mercado libre.

Políticamente son importantes dos pasos: diseñar regulaciones que sean efectivas y, al mismo tiempo, minimizar la carga burocrática para que los recursos actúen con rapidez. Medidas como límites a los alquileres vacacionales sirven de poco si no se controlan. Se necesita personal, sistemas digitales de registro y sanciones claras.

Para Mallorca esto significa concretar: quien en Palma plantea congelar alquileres o establecer zonas de protección debe también especificar cuántas nuevas unidades asequibles se crearán cada año. En Ibiza, donde los incrementos porcentuales fueron mayores, prohibir los alquileres vacacionales por sí solo ayuda poco si no se crea simultáneamente vivienda de sustitución para la población local.

Conclusión contundente: las subidas de los alquileres no son una ley de la naturaleza, sino resultado de decisiones políticas, dinámicas de mercado y realidades cotidianas. El mensaje sencillo para políticos y municipios es: generar datos, combatir la vivienda vacía, construir vivienda asequible — y no olvidar a las personas que cada mañana van al mercado, a la obra o al restaurante. Las medidas a corto plazo son posibles; las soluciones duraderas exigen planificación, dinero y voluntad política para tratar la vivienda como un bien común y no solo como una clase de activos.