Precios en la playa de Cala Millor: por qué las tumbonas podrían encarecerse

Precios en la playa de Cala Millor: por qué las tumbonas podrían encarecerse

Un chequeo de la realidad sobre la nueva concesión y lo que ello implica para visitantes y residentes

Pregunta principal: ¿Debe asumirse ya públicamente que las sombrillas y las tumbonas en Cala Millor serán más caras — y, de ser así, quién soportará esos mayores costes, como en la disputa por el acceso a la playa de Formentor?

Los hechos son claros: para el nuevo operador del equipamiento de playa en Cala Millor, el procedimiento de adjudicación exige un pago por adelantado de 3,4 millones de euros por un periodo de cuatro años. La adjudicación incluye un total de 1.446 tumbonas, 124 tumbonas de mayor calidad, 785 mini-cajas fuertes y 785 sombrillas. Además, se incluyen equipos náuticos motorizados y no motorizados — una lancha para esquí acuático con parasailing, 14 pedales, diez paddleboards y siete kayaks — así como la instalación de nuevas cámaras web y el préstamo de libros. Las ofertas se pueden presentar hasta el 6 de marzo. Asimismo, el ayuntamiento exige que el operador informe a los visitantes sobre un uso sostenible de la arena; la bahía ha perdido arena en algunos tramos en los últimos años y ha sido rellenada temporalmente (ver también Palma debe recortar tumbonas: las superficies de playa se reducen — ¿quién paga el precio?).

Análisis crítico: una suma de concesión tan alta como 3,4 millones de euros es un claro factor impulsor de costes. Si una empresa debe asumir esa cantidad más los costes operativos continuos — personal, mantenimiento, seguros, servicios de seguridad, energía para las cámaras web, reposición de equipos de playa —, es económicamente probable que las tarifas por el alquiler de tumbonas, sombrillas y material sean más altas, como muestran casos recientes sobre precios en playas (Por qué Palma sube los precios de la playa — ¿quién acaba pagando el recargo?). Aún no está claro si el ayuntamiento ha previsto topes de precios, tarifas sociales para residentes o mecanismos de control. Sin tales normas, la concesión puede llevar a que el acceso a la playa se organice de forma más mercantil y menos socialmente equilibrada.

Lo que falta en el debate público: transparencia sobre el cálculo del alto pago inicial, información sobre el uso de los ingresos por parte del ayuntamiento y directrices claras sobre cómo se financiará a largo plazo la protección de la playa, que se ha ido estrechando. Apenas se ha debatido la protección de datos y las responsabilidades de seguros relacionadas con las ofertas adicionales — cámaras web, préstamo de libros, equipos náuticos —. Tampoco se han tratado en profundidad los efectos sobre el empleo estacional y el pequeño comercio a lo largo del paseo; casos polémicos sobre tumbonas premium en la zona han generado preguntas sobre legalidad y control (Tumbonas premium en Cala Major: los precios son ilegales, Palma debe actuar ahora).

Escena cotidiana en Cala Millor: por la mañana en el paseo se oye el romper de las olas, las voces de los operarios que preparan las tumbonas y el repiqueteo de las sillas de playa. Familias con niños pequeños miran con recelo la franja de arena más estrecha junto al agua, mientras un hombre mayor coge una bolsa de libros del servicio de préstamo. Una vigilante de la playa pega carteles informativos sobre la protección de la arena en un panel — buena intención, pero ¿será suficiente si los precios suben? Casos de tumbonas de alta gama en otras playas, como Cala Major: 70 euros por una tumbona "Premium" – ¿Quién paga las placas doradas?, han alimentado la preocupación social.

Propuestas concretas: primero, el ayuntamiento debería exigir un modelo de precios transparente que incluya una tarifa máxima para tumbonas estándar y precios reducidos para residentes, familias con niños pequeños y personas con bajos ingresos. Segundo, tendría sentido un modelo de retribución por objetivos: en lugar de un pago único elevado, parte de la suma de la concesión podría vincularse a objetivos de desempeño — por ejemplo, gestión regular de la arena, inversiones documentadas en sostenibilidad o pruebas de precios asequibles. Tercero, es necesaria una instancia pública de control que revise las cuentas y atienda reclamaciones. Cuarto, deben establecerse claramente las obligaciones de protección de datos y seguridad para las cámaras web; las cámaras pueden ser útiles, pero no deben convertirse en vigilancia de los bañistas. Quinto: crear un fondo específico en las arcas municipales para el mantenimiento de la playa y los rellenos de arena, financiado parcialmente con los pagos de la concesión, para garantizar que el cuidado de la playa no se recorte en el lugar equivocado.

Ideas prácticas para las obligaciones del operador: precios escalonados según la hora (más barato a primera hora), entradas combinadas (tumbona más caja fuerte), tarifas especiales para residentes de la isla y abonos anuales para clientes habituales. Deben ser obligatorios los controles ambientales: menos horas de motor para la lancha, zonas definidas para paddles y kayaks, material informativo en varios idiomas sobre la erosión de la playa. El préstamo de libros es encantador — debería ser gratuito para niños y residentes para aumentar la aceptación social.

Conclusión contundente: una playa no es solo un espacio económico, es un bien común. La concesión de una cuantía elevada puede aportar ingresos a corto plazo al ayuntamiento, pero sin normas claras existe el riesgo de privatizar el uso de la playa, algo que se notará en el precio para visitantes y residentes. Si Sant Llorenç des Cardassar y el futuro operador quieren de verdad que la playa de Cala Millor mantenga calidad, accesibilidad y sostenibilidad, deben diseñar las condiciones para que los ingresos se destinen al mantenimiento permanente de la playa, a tarifas sociales y a un control transparente.