Cala Major: Entre tumbonas premium y caos normativo — ¿De quién es la playa?

Cala Major: Entre tumbonas premium y caos normativo — ¿De quién es la playa?

Cuando a primera hora las gaviotas aún sobrevuelan el Passeig Marítim y las primeras furgonetas abastecen los cafés, Cala Major desprende una mezcla peculiar de brisa marina y actividad comercial. A primera vista todo parece pintoresco: hileras de tumbonas de colores, sombrillas en fila. Pero al mirar con atención surge la pregunta que plantea ahora la organización ecologista GOB: ¿cuánto comercio puede permitirse la costa y dónde termina el espacio público?

La denuncia: precios, reservas, distancias

La GOB describe un problema doble. Formalmente se indican dos tumbonas más sombrilla por unos 18 euros al día. En la práctica, sin embargo, algunos proveedores anuncian una categoría “premium” que, según el anuncio, puede llegar a costar hasta 70 euros. A las nueve de la mañana suele haber un camarero que asiente y dice: «Reservado, mejor lugar» — y entonces la cuenta cambia. Además se acusa a los kioscos y puestos móviles de no respetar la distancia mínima prescrita de 100 metros. Esas distancias no son simbólicas: deben dejar pasos libres, garantizar la accesibilidad y evitar la sobreexplotación de tramos concretos de costa.

¿A quién afecta realmente el problema?

Las historias en la playa varían: una mujer mayor que cada mañana busca la rompiente con su perro dice: «Antes ponías tus cosas, pagabas y estabas contenta». Hoy parece un bazar; algunos sitios parecen estar reservados sistemáticamente. Los turistas hablan de sorpresa y de la sensación de verse empujados a una escala de precios oculta. Por otro lado están los operadores: temporada, salarios en alza, costes de suministro crecientes — todo eso presiona los cálculos. Pero la cuestión central queda: ¿pueden las dificultades económicas anular la legalidad?

Poco atendido: las consecuencias para la accesibilidad y el medio ambiente

Las playas públicas son más que un imán turístico; son un espacio comunitario. Un uso comercial excesivo y concentrado puede reducir la accesibilidad para personas mayores, familias con niños y personas con movilidad reducida. Cuando los puestos de venta están pegados unos a otros se crean estrechamientos que obstaculizan las vías de rescate y aumentan la presión sobre determinadas zonas de arena. Estos aspectos se vinculan hasta ahora demasiado poco en el debate público con el tema de los precios.

¿Dónde falla el control?

La denuncia de la GOB insta a la autoridad costera a actuar: inspecciones, multas y, en casos extremos, retirada de licencias. Lo problemático no es tanto la normativa como su aplicación. Los tramos de playa se adjudican según temporada y los controles suelen ser puntuales: falta personal, las observaciones no siempre se documentan de forma sistemática. Además existe una zona legal gris: ¿qué se considera exactamente una «reserva» en el espacio público? ¿Cómo distinguen las autoridades entre ofertas especiales autorizadas y paquetes «premium» opacos?

Propuestas concretas — no solo críticas

Algunas medidas prácticas podrían aportar orden sin paralizar la actividad económica en la playa: carteles de precios claros y visibles con tarifas estándar establecidas; registro digital de todos los proveedores de mobiliario de playa; inspecciones regulares e inesperadas en temporada alta; normas más estrictas para la ubicación de kioscos móviles y adjudicaciones solo con condiciones claras para mantener la continuidad del paseo. A medio plazo sería útil transparentar los derechos de uso y profesionalizar la comunicación entre ayuntamientos, autoridad costera y operadores.

¿Qué significa esto para visitantes y residentes?

Para este verano: comparar precios, fijarse en los carteles oficiales y preguntar ante la duda. Para la población local queda la esperanza de que los controles devuelvan algo de espacio: para los paseantes, los niños y los dueños de perros. Para las autoridades es una prueba: ¿serán capaces de mantener el delicado equilibrio entre el uso económico y el interés público?

El conflicto en Cala Major no es una rareza local; representa una pregunta más amplia en toda la costa: ¿de quién es la playa cuando brilla el sol y el negocio llama? La respuesta tendrá implicaciones de largo alcance — para visitantes, operadores y el rostro de la costa insular.