Banda de extorsión en Palma: la fiscalía exige 120 años de prisión

Peticiones de prisión en Palma: 120 años para un grupo extorsionador

En un caso que genera gran repercusión en Palma, la Fiscalía exige, sumando todo, 120 años de prisión para once acusados. Los sospechosos habrían intimidado sistemáticamente a hombres y obligado a pagar grandes sumas, a menudo tras una simple llamada telefónica, después de que las víctimas visitaran sitios web con ofertas de prostitución redada contra prostitución forzada en Palma y Marratxí.

Cómo se suponía que funcionaba el engaño

Según las declaraciones de la acusación, las personas afectadas recibían ese mismo día llamadas con amenazas. No importaba si alguien había contratado realmente un servicio o no. Quien no pagaba, era amenazado con violencia física o con llamar a la policía. En algunos casos documentados las víctimas pagaron; en otros se negaron — en total, se denunciaron 14 hechos.

El importe conocido más alto entregado por una víctima fue de 4.800 euros. Las investigaciones señalan, según la acusación, que la banda creó cuentas a través de testaferros y dirigía el dinero en transferencias. Un acusado habría coordinado la operación; otro presunto cabecilla está actualmente en fuga.

Rastros en el extranjero

Los investigadores hallaron conexiones que llegan hasta ultramar: algunas sospechosas se remontan a países como Colombia y Estados Unidos (Nueva York). Esto dificulta el trabajo de las autoridades, dice un funcionario que prefiere permanecer en el anonimato. Aun así, varios sospechosos ya han sido detenidos y están siendo investigados. La cooperación internacional, según entidades como Europol sobre crimen organizado, resulta esencial.

Audiencia aplazada — ¿qué viene ahora?

El tribunal competente en Palma fijó una primera vista preliminar, pero la pospuso para una fecha posterior; en la misma jurisdicción se han tramitado asuntos como la sentencia en Palmanova. Según la acusación, a los acusados se les imputan, además de extorsión, la pertenencia a una organización criminal. Teóricamente, a cada uno se le podrían imponer hasta 20 años de prisión si el tribunal acoge los cargos.

En el terreno, las víctimas suelen mostrarse inseguras: muchos se disculpan por denunciar, otros temen nuevas represalias; casos locales como la turista acosada en Playa de Palma ejemplifican esa reticencia. La policía recomienda: no realizar pagos, asegurar las pruebas (registros de llamadas, mensajes) y ponerse en contacto con los investigadores, y para orientarse puede consultarse la Policía Nacional. El proceso mostrará cuán sólidas son las pruebas y si las huellas internacionales conducen a más detenciones.

Estuve ayer en el juzgado de Palma. Muchos detalles siguen abiertos, pero está claro: esto no es un caso aislado y seguirá siendo complejo para la justicia, con vínculos internacionales y muchas preguntas pendientes.