Declive en el paseo: los apartamentos Espigol en Can Picafort y la cuestión de la responsabilidad

Entre el paseo marítimo y el abandono: un aviso en la Calle Joan Gomila

Son poco más de las once y media, el sol brilla fuerte sobre Can Picafort, las gaviotas chillan, en algún lugar suena la campana de un coche de helados —y de pronto uno se encuentra ante hileras de viviendas que no encajan en esa escena. Los apartamentos Espigol parecen abandonados: entradas bloqueadas, ventanas pegadas con cartón, cristales rotos, el olor a mantas húmedas se mezcla con el viento salado. Esto ha sido reflejado en el reportaje Ya basta: la instalación okupada en ruinas de Can Picafort.

¿Quién asume la responsabilidad?

Esa es la cuestión central: ¿son los compradores, que aparentemente adquirieron viviendas que nunca fueron autorizadas como vivienda habitual? ¿Son los bancos y las empresas constructoras, enredados en contratos y flujos de pago? ¿O recae la obligación en el Ayuntamiento de Santa Margalida, que navega entre escollos jurídicos y recursos limitados? Las respuestas son complejas —y precisamente eso paraliza las acciones sobre el terreno.

Un complejo, múltiples frentes

Originalmente proyectada como apartamentos vacacionales, la promoción Espigol suma hoy 28 unidades que, según la documentación, nunca fueron aprobadas formalmente para uso residencial permanente. Compradores relatan pagos de cifras de seis dígitos; está documentado un caso por más de 170.000 euros. Aun así, aparecen anuncios en portales de venta: 58 a 60 metros cuadrados por unos 67.000 euros —con el aviso de que algunas unidades están habitadas o carecen de conexión eléctrica regular. Se lee como un mercado para inversores que asumen riesgos. También se recogen testimonios sobre ocupaciones en Entre hormigón y rompiente: ocupas en Espigol Beach en Can Picafort.

Los litigios entre propietarios, bancos y promotores han congelado la situación. Los tribunales deciden, pero mientras tanto las escaleras, las azoteas y las perspectivas personales se deterioran. No es solo un problema estético: ventanas rotas implican peligros, la ausencia de conexiones eléctricas conduce a enganches ilegales y la salud de los residentes está en riesgo. Casos judiciales recientes, incluida una absolución en Can Picafort, ilustran la complejidad legal.

La vida diaria en el Bloque número 9

Los vecinos llaman Bloque número 9 a la zona más dañada. En la azotea hay muebles rotos y plástico. Un hombre de África Occidental duerme a veces en la entrada; su perro se acurruca entre los cristales. Los niños de Son Bauló evitan esa esquina, los padres lamentan la pérdida de la imagen de la calle. Al mismo tiempo, los afectados temen que las acciones de limpieza sin una responsabilidad clara se desvanezcan pronto y que nadie asuma los costes.

Aspectos raramente discutidos

En los debates públicos suelen faltar tres puntos: primero, el papel de la información al comprar —muchos compradores aparentemente no fueron suficientemente informados sobre el estado de las autorizaciones. Segundo, las consecuencias para la infraestructura municipal: la gestión de residuos, las redes de agua y saneamiento y las intervenciones de emergencia se ven tensionadas por situaciones de titularidad no resueltas. Tercero, la dimensión social: en los apartamentos afectados viven familias, personas solas y con frecuencia personas vulnerables que quedan atrapadas entre frentes burocráticos.

Medidas concretas que serían posibles ahora

La situación exige soluciones pragmáticas, no solo batallas jurídicas. Algunas medidas de bajas barreras serían:

1. Medidas higiénicas inmediatas: Restos peligrosos de vidrio y basura pueden retirarse mediante acciones de limpieza coordinadas en el lugar. Eso crea seguridad a corto plazo y resulta más económico que posteriores intervenciones de emergencia.

2. Acuerdos temporales de suministro: Una conexión provisional de agua y electricidad, acompañada de trabajo social, devolvería dignidad y evitaría enganches ilegales.

3. Transparencia y verificación para compradores: Un registro público accesible sobre las condiciones de venta y el estado de las autorizaciones podría prevenir compras erróneas futuras.

4. Garantías financieras en proyectos de obra: Fianzas o avales que los promotores deban aportar reducirían el riesgo de ventas ficticias.

5. Mediación entre las partes: Los procesos judiciales son caros y largos. La mediación podría ofrecer soluciones rápidas y prácticas para residentes y vecinos.

Lo que puede hacer Santa Margalida —y lo que no

El Ayuntamiento de Santa Margalida — Wikipedia tiene opciones limitadas mientras los tribunales están en marcha. No obstante, podría coordinar: ceder espacios para acciones de limpieza, activar servicios sociales y crear un punto de atención para los afectados. Algunas cuestiones requieren instancias superiores —por ejemplo, aclaraciones legales sobre el estatus de construcciones vacacionales o normativas autonómicas para casos especiales.

Mirando hacia adelante

El complejo Espigol es más que una mancha en el paseo. Es un lugar donde se cruzan prácticas especulativas de venta, lagunas jurídicas y situaciones de necesidad social. Si Can Picafort quiere seguir siendo percibido como un destino costero vivo —con el tintinear de vasos en las terrazas en lugar del crujir de vidrio roto— hacen falta pasos pragmáticos y justos ahora.

La pregunta central sigue siendo: ¿quién asume la responsabilidad —y quién inicia la primera medida práctica que mejore realmente vidas y barrio?

Datos rápidos: Can Picafort, Calle Joan Gomila es Maonès; 28 apartamentos; parcialmente habitados; anuncios desde unos 67.000 €; bloqueo judicial; protestas vecinales desde Son Bauló; demanda de medidas urgentes al Ayuntamiento de Santa Margalida.