Órgano consultivo advierte: Mallorca al límite — ¿Quién habla claro?

Órgano consultivo advierte: Mallorca al límite — ¿Quién habla claro?

Pregunta central: ¿Basta la retórica política o la isla necesita ahora decisiones valientes?

A última hora de la tarde del jueves, cuando el aire en Palma está aún fresco y nuboso con unos 14°C y en el Passeig Mallorca el ruido de los motores de motocicletas y furgonetas se mezcla, el informe anual del órgano consultivo se lee como una llamada de atención. El Fòrum de la Societat Civil dibuja una imagen difícil de ignorar: sin intervenciones profundas, existen riesgos de tensiones sociales, ecológicas y económicas que podrían transformar Mallorca de forma permanente.

Los números contundentes están sobre la mesa: para 2050 podrían vivir alrededor de 1,5 millones de personas en las Baleares, acompañadas por aproximadamente 56 millones de llegadas al año. En los períodos de mayor afluencia podrían llegar a convivir hasta dos millones de personas simultáneamente en la isla. En 2024 la proporción fue ya de cerca de 29 turistas por habitante, una de las tasas más altas del mundo.

Análisis crítico: estas proyecciones no son solo estadísticas. Revelan debilidades estructurales: un mercado de la vivienda que arruina a las familias; un consumo de recursos que alcanza sus límites; una economía dependiente de un único sector. Según el informe, los hogares destinan de media el 56,4 % de sus ingresos a hipotecas, y el siete por ciento vive en pobreza extrema. Las consecuencias son visibles y palpables: pueblos deshabitados en temporada baja, aparcamientos llenos y atascos a lo largo de la Ma-20, montones de basura en las playas turísticas.

Lo que en el debate público a menudo se pasa por alto son las interacciones entre mercado de la vivienda, mercado laboral y cargas ambientales. Si las aceleraciones en la construcción benefician sobre todo a promotores sin garantizar una proporción suficiente de vivienda asequible, la desigualdad social persistirá. Tampoco se discute lo suficiente cómo los ingresos turísticos a corto plazo pueden ser superados por los costes a largo plazo: agua, vertederos, mantenimiento de carreteras y sistema sanitario.

Escena cotidiana en Mallorca: en una mañana fresca frente a una panadería en El Terreno se ven jóvenes obreros limpiando un apartamento vacacional, mientras en la acera de enfrente una familia con dos niños pequeños busca escaparates en busca de una vivienda asequible. El ruido de las furgonetas se mezcla con los chillidos de las gaviotas. Escenas así son rutina —y reflejan la tensión entre el beneficio inmediato y la convivencia a largo plazo.

Lo que falta en el espacio del debate es un cálculo honesto de costes y beneficios del modelo actual: límites vinculantes para plazas y alquileres de corto plazo, datos transparentes sobre consumo de recursos y responsabilidades claras entre ayuntamientos y la comunidad autónoma. Tampoco se presta suficiente atención a la perspectiva de las personas que trabajan en el turismo, con empleos precarios y estacionales.

Propuestas concretas que deben discutirse:

- Cupos e instrumentos de regulación: Un sistema escalonado para las capacidades de alojamiento que actúe de forma diferente según las regiones y reduzca los picos de afluencia.

- Vivienda pública y protección del alquiler: Inversiones masivas en vivienda social, mayores periodos de control de rentas en nuevas promociones y normas más estrictas para las conversiones a pisos turísticos.

- Normas para el alquiler de corta duración: Limitación de licencias, plataformas obligatorias de registro y comunicación, y mayores tasas que se destinen a infraestructuras.

- Gestión de recursos: Tarifas de agua dinámicas, inversiones en reutilización de aguas residuales y descentralización del tratamiento de residuos, junto con un aumento de las energías renovables.

- Diversificación económica: Impulso a la agricultura, la artesanía, la investigación y la oferta fuera de temporada; programas de cualificación para que el empleo no sea solo estacional.

- Transparencia y participación: Foros ciudadanos, evaluaciones obligatorias de impacto social en grandes proyectos y portales públicos de datos sobre turismo y mercado de la vivienda.

Estas propuestas no son recetas definitivas, pero sí herramientas para contrarrestar las proyecciones. El Fòrum anuncia además un congreso sobre vivienda el 20 de junio —una ocasión para profundizar el debate y vincular medidas concretas.

Conclusión contundente: las declaraciones de buena voluntad sobre sostenibilidad no bastan. Quien vive o trabaja en Mallorca percibe diariamente las tensiones: autobuses llenos en hora punta, los precios en la panadería, personas desesperadas buscando vivienda. La política debe hacer lo correcto ahora, no solo decirlo. Si no, la isla corre el riesgo de volverse inhóspita para muchos, a pesar del sol y el mar.