Ocupado y desmoronándose: el fuerte de Illetes entre la protección del patrimonio y los derechos humanos

¿Quién protege el fuerte — a las personas o a las piedras?

Al final de la tarde, cuando el sol baja sobre Illetes y el olor a mar y a pescado quemado llega desde la cafetería de la playa, el viejo fuerte queda justo detrás del pequeño aparcamiento como un barco varado. Según vecinos, hace poco unas doce personas se instalaron allí. No fue una protesta con pancartas, sino más bien un acomodarse silencioso en una instalación olvidada: tiendas en los patios interiores, colchones en habitaciones sin puertas, gatos por todas partes y un perro que husmea a los visitantes. La pregunta principal es sencilla y al mismo tiempo incómoda: ¿cómo combinamos la conservación del patrimonio y la necesidad social?

Un lugar, dos problemas

El fuerte está oficialmente protegido como monumento, pero el paso del tiempo ha hecho mella: madera podrida, cubiertas faltantes, una zanja abierta en una esquina, restos de escombros y rincones sucios que huelen a humedad y comida para gatos. Para quienes se bañan en Illetes es una vista familiar y triste: piedras históricas que se desmoronan lentamente — derrumbe en la muralla de Palma. Ambas situaciones requieren atención, pero con frecuencia las soluciones se enfrentan: el inicio de las obras de aseguramiento = posible desalojo; la ayuda a las personas = intervención en un conjunto protegido.

Quién vive allí — y qué falta

El grupo es heterogéneo: locales, personas de Latinoamérica, del Norte de África y al menos una persona de habla inglesa. Algunos duermen en habitaciones improvisadas, otros en tiendas al aire libre. Falta infraestructura básica: agua limpia, aseos, escaleras de acceso estables, luz. Al mismo tiempo existen riesgos para la salud por moho, peligro de heridas en pasarelas en mal estado y problemas higiénicos. Que la policía esté informada pero no haya desalojado demuestra el dilema: obstáculos legales, consideraciones y la tensión política en una comunidad turística; incluso se han visto casos de conflicto como el intento de ocupación violenta en Valldemossa.

Lo que el debate suele dejar fuera

En el debate público rara vez se observa lo estrechamente ligado que está la conservación del patrimonio con la política social. Las autoridades suelen ver solo dos opciones: proteger o desalojar. Pero así sufren tanto el edificio como las personas. También se presta poca atención a la cuestión de la propiedad: ¿pertenece el fuerte al Ayuntamiento, a un privado o está en un moratorio administrativo? Tales detalles, como en la expropiación de la fortaleza de Alaró, retrasan las decisiones. Además, vecinos voluntarios, asociaciones de divulgación histórica y la ciudadanía podrían hacer más — pero necesitan recursos y seguridad jurídica.

Pasos concretos que tienen sentido ahora

Algunas propuestas pragmáticas que podrían proteger a las personas y al mismo tiempo conservar el edificio:

Medidas inmediatas: Asegurar provisionalmente los puntos peligrosos (cubiertas, vallados), instalar servicios sanitarios móviles y agua potable, ofrecer atención médica de urgencia y asesoría social regular in situ.

A medio plazo: Una verificación vinculante de responsabilidades: ¿a quién pertenece el fuerte, quién paga el aseguramiento de urgencia? Un informe rápido de expertos en patrimonio, vinculado a un plan social que contemple alojamientos temporales —por ejemplo en inmuebles municipales vacíos.

A largo plazo: Reutilización adaptativa: el fuerte como proyecto híbrido —un refugio vigilado con atención de bajo umbral y, al mismo tiempo, un espacio interpretativo sobre la historia de Illetes, gestionado conjuntamente por el municipio, ONG y asociaciones culturales. Fondos de la UE o programas regionales podrían acompañar la restauración.

El papel del vecindario y la política

Parte de los vecinos muestra comprensión: "Lo importante es que nadie se haga daño", dice una mujer que pasea todos los días con su perro. Otros temen por la seguridad y la imagen, sobre todo en una comunidad marcada por el turismo. En ocasiones se aplican medidas que parecen disuasorias, como los bloques de piedra bajo el puente de Palma. La política debe hacer dos cosas a la vez: ofrecer comunicación clara y transparente y organizar ayuda humanitaria inmediata antes de aplicar un plan de rehabilitación y uso. Un desalojo sin alternativa solo trasladaría el problema, no lo resolvería.

El fuerte de Illetes sigue siendo un lugar lleno de preguntas — cruje, huele a mar, a humedad y a comida para gatos, y habla de omisiones. El reto es no elegir entre la piedra y la persona, sino desarrollar una solución que proteja a ambos. Si el municipio no actúa ahora, corremos el riesgo de que el fuerte siga deteriorándose y que las personas permanezcan en condiciones precarias. Mallorca ya tiene demasiadas historias, como la instalación okupada en ruinas de Can Picafort.

Conclusión: Se necesitan medidas de seguridad rápidas, ayuda social coordinada y un plan de restauración vinculante. De lo contrario, el fuerte seguirá siendo un símbolo de oportunidades perdidas —y sobre eso Mallorca ya tiene demasiadas historias.